Una comisión nacional de los derechos humanos presentó, a finales de julio, en Jakarta, un informe por el que se califica de “crímenes contra la humanidad” la sangrienta represión anticomunista de 1965 que costó la vida a más de un millón de hombres y mujeres, miembros reales o supuestos del Partido Comunista Indonesio (PKI).

        Una comisión nacional de los derechos humanos presentó, a finales de julio, en Jakarta, un informe por el que se califica de “crímenes contra la humanidad” la sangrienta represión anticomunista  de 1965. Por primera vez, en Indonesia, se dió un paso adelante hacia el reconocimiento oficial de las masacres anticomunistas de 1965-1966, que costaron la vida a más de un millón de hombres y mujeres,   miembros  reales o supuestos del Partido Comunista Indonesio (PKI).

       Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió, a finales de julio, un informe sobre esta oscura secuencia histórica de  “violaciones  de los derechos humanos”  y de  “crímenes contra la humanidad”.

        El documento analiza detenidamente  estos crímenes en masa, cometidos  con el 

COMO NUESTRO DICTADOR DOMÉSTICO, SUHARTO MURIÓ EN LA CAMA SIN QUE SE LE HUBIERA HECHO JUSTICIA

     Otros aspectos de esta operación genocida fueron la esclavitud, las desapariciones forzadas, las deportaciones en campos de concentración, la tortura, las violaciones, la prostitución forzada.

        El Partido Comunista indonesio contaba en todo el  Archipiélago antes  de la masacre con 3,5   millones de miembros y 15 millones de simpatizantes.  Aliados con el gobierno  nacionalista de  Sukarno,  los comunistas se convirtieron en el objetivo principal de una oleada  de inaudita violencia cuando en septiembre de 1965 el general  Suharto  acusó a militares  próximos al PCI de estar fomentado una tentativa de golpe de estado.

      El general  Suharto, apoyado por los Estados Unidos, encabezó una  sangrienta represión, movilizando a los sectores reaccionarios y a la derecha religiosa.

        En 1966, Suharto desplazó a Sukarno del poder, poniendo fin  a una experiencia política muy original, iniciada por éste con el movimiento de los No Alineados. El país se hundió a partir de entonces en una larga noche  hasta la caída del dictador, que expulsado del poder por enormes movilizaciones callejeras en 1998. Suharto murió en 2008, sin haber respondido de sus crímenes.


          Para los supervivientes de las masacres de 1965, como para los familiares de las víctimas, las prohibiciones y las discriminaciones se han sido permanenes hasta nuestros días.  "Como ex presos políticos, nos es difícil obtener un crédito bancario, una ayuda al alojamiento. Los empleos de funcionarios nos están prohibidos (…), no podemos ser ni maestros, ni médicos”, contestó  Bedjo Untung, superviviente de un campo de concentración de Suharto, al ser entrevistado por la cadena anglófona Channel News Asia.

       Nur Kholis, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó al Gobierno indonesio que  deben presentarse  excusas oficiales  a las víctimas de aquella terrible masacre,  asi como proceder a las reparaciones correspondientes. Pero en un país donde la cultura de la impunidad y la amnesia colectiva prevalecen aún, los partidarios de los Derechos Humanos dudan que sus gestiones  puedan dar  resultados. Algunos supervivientes no excluyen recurrir a la Justicia Internacional para el reconocimiento del genocidio del que fueron victimas más de un millón de personas.